Doñana es uno de los lugares más especiales y singulares del mundo. Su catalogación como Patrimonio de la Humanidad y todas las distinciones concedidas por organismos internacionales hacen de este territorio una joya natural única.
Es un elemento fundamental de nuestra historia y nos recuerda que tenemos que coexistir con la naturaleza que nos rodea desde el respeto a la diversidad biológica. Es un monumento lleno de vida, símbolo de nuestra identidad colectiva, por lo que debemos conservarlo en toda su singularidad, al igual que lo hacemos con otros patrimonios de la humanidad de nuestro país como la Alhambra, el Camino de Santiago o El Escorial.
Su extensión, 128.000 hectáreas, sus extraordinarias cualidades y sus múltiples figuras de protección no lo eximen de riesgos y amenazas que incrementan su vulnerabilidad y comprometen su pervivencia.
Hoy, Doñana vuelve a encontrarse gravemente amenazada por la posibilidad de que el Gobierno andaluz modifique la legislación que ordena los usos agrícolas por la vía rápida, sin transparencia ni participación, para amnistiar toda la superficie de regadío ilegal que se ha ido creando y robando agua durante las últimas décadas.
Además, junto con otras medidas, incluye una modificación de la Ley Forestal andaluza para promover que los agricultores con baja rentabilidad agrícola que convirtieron antaño sus tierras a forestal procuren revertirlas a agrícola de regadío, deforestándolas para poder sembrar cuando haya agua.
La propuesta de ley es un compendio de modificaciones de la normativa vigente que pretende amnistiar las ilegalidades y consolidar un incremento de la agricultura intensiva de regadío sin límites, desmantelando lo establecido en el Plan de Ordenación del Territorio del Ámbito de Doñana, que fue desarrollado en el plan acordado por todas las partes interesadas en 2014 llamado el Plan de la corona forestal, que constituyó un hito de consenso al lograr establecer un marco de ordenación que daba seguridad jurídica y viabilidad a la agricultura legal en el entorno del Parque Nacional Doñana.
Hay alternativas para que esta propuesta apoyada desde febrero de 2023 por el Gobierno andaluz, demoledora para el humedal más importante de Europa, no siga adelante, pero hace falta voluntad política.
No podemos permitir que los fondos europeos que han sido ya invertidos durante muchos años en la conservación y desarrollo sostenible de Doñana, ni consentir el agravio comparativo con los agricultores legales que se verían tremendamente afectados por estos cambios normativos, ni tampoco es de recibo seguir manteniendo un modelo económico incompatible con la conservación de nuestro patrimonio natural y nuestra identidad, simplemente para favorecer actividades agrícolas que no cumplen la ley.
Por todo ello, desde abril de 2023, la Plataforma Salvemos Doñana se une para frenar esta sinrazón y te invitamos, os invitamos, a uniros, como lugar ciudadano de rechazo a que la Junta de Andalucía siga auspiciando y dando impulso a la Proposición de Ley que han presentado los grupos parlamentarios PP, y VOX y fue admitida por la Mesa de la Diputación Permanente del Parlamento de Andalucía y remitido al Consejo de Gobierno, con la pretensión de que sea aprobada por el Parlamento de Andalucía por la vía rápida de trámite de urgencia para acortar plazos, evitar la transparencia y soslayar el obligado trámite de información pública.
Os pedimos que os adhiráis y unamos nuestros esfuerzos para evitar que se legalicen todas las explotaciones agrícolas que extraen agua de forma ilegal y se fomente la deforestación de fincas en Doñana. Es urgente que la propuesta de ley sea retirada definitivamente y que se cumpla estrictamente el Plan Especial de ordenación de las zonas de regadío ubicadas al norte de la corona forestal de Doñana. Necesitamos instar a nuestras instituciones y representantes a defender nuestra joya natural para el presente y para las generaciones futuras, apoyando la actividad económica legal que sea compatible con el mantenimiento de sus valores excepcionales.
Ello, sobre todo teniendo en cuenta la gravísima situación actual de Doñana, expuesta por la Estación Biológica de Doñana, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), en el último Pleno del Consejo de Participación del Espacio Natural Doñana, de 10 de abril de 2023. En su intervención, el director de este centro de investigación, expuso el deterioro generalizado del sistema de lagunas de Doñana y la pérdida de biodiversidad asociada a dichos hábitats debido, no sólo a la extensión de áreas cultivadas, sino también a los cambios observados en la temperatura y precipitación cada año, así como al pertinaz periodo de sequía, que se intensificará en el futuro debido al cambio climático, incidiendo claramente en una disminución de la disponibilidad de agua.
El informe del CSIC es contundente y evidencia la nula fiabilidad de los argumentos y afirmaciones esgrimidos en la Proposición de Ley. De hecho, el informe hace hincapié en que la “falta de ejecución del Plan de la Corona Forestal nos ha llevado al insostenible punto crítico en que se encuentra actualmente Doñana” y que lo verdaderamente urgente es ajustar la demanda de agua a la disponibilidad, porque, de lo contrario, además de acabar con Doñana, las explotaciones legales tendrán problemas para regar, poniendo en riesgo toda la actividad económica de la comarca.
Así lo ha corroborado también la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que ha reducido este año respecto a la campaña de riego anterior los porcentajes de volumen de agua desembalsada, con un descenso del 36% respecto al año pasado, debido a la gravísima sequía que sufre Andalucía, con las precipitaciones un 35% por debajo de la media y siendo ya cinco los años en los que se desembalsa más agua de la que se recoge.
Las administraciones tienen la obligación de proteger el patrimonio y la ciudadanía la responsabilidad de defenderlo, por ello las personas y organizaciones firmantes:
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Requerimos a los grupos parlamentarios de PP y VOX que retiren su Proposición de Ley (12-23/PPL-000001) con el título: “Para la mejora de la ordenación de las zonas agrícolas del Condado de Huelva, en los términos municipales de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado (Huelva)”.
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Exigimos al Gobierno de la Junta de Andalucía que cumpla estrictamente el Plan Especial de Ordenación de las zonas de regadío ubicadas al norte de la corona forestal de Doñana, conocido también como “Plan de la Fresa” y “Plan de la Corona Forestal”, y decline cualquier modificación del mismo, ya que fue aprobado con criterios de consenso social y científico y responde a una norma superior. Así mismo, que establezca definitivamente una ordenación de las aguas subterráneas fundamentada en los mismos criterios que los cultivos de regadío con aguas superficiales en la marisma transformada de la provincia de Sevilla, ajustándose siempre a la disponibilidad de agua en el acuífero en función de la recarga real y su estado de conservación.
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Exigimos al Gobierno de la Junta de Andalucía que ni promueva ni premie la deforestación en Doñana, pues pondría en peligro la entrada al mercado europeo de los productos legales producidos en el entorno de Doñana, obtenidos conforme a la normativa europea, la cual promueve el consumo sostenible y pretende garantizar que solo se consuman en Europa productos legales y libres de deforestación.
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Exigimos al Gobierno de España que promueva e incentive los procesos de debida diligencia en materia ambiental y de derechos humanos para que las empresas agrícolas cumplan con las obligaciones de respeto, protección y promoción de los mismos y garantice la reparación efectiva de las violaciones de derechos humanos y daños ambientales que puedan cometerse, en su caso, derivados de las actividades realizadas por dichas empresas en sus cadenas de suministro, salvaguardando así a las empresas legales que realizan sus procesos dentro del marco legal establecido.
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Exigimos al Gobierno Central que dé cumplimiento a la Sentencia del Tribunal de Justicia de Europa respecto a Doñana, que falló en junio de 2021 que el Reino de España está incumpliendo el Derecho Comunitario, en particular, la Directiva Marco de Agua y la Directiva Hábitats. Por tanto, que garantice el cumplimiento de dichas Directivas, así como de la normativa estatal en vigor, toda vez que realice un exhaustivo control, vigilancia y sanción, a quienes expolien el agua en Doñana, así como la clausura definitiva de todos los pozos ilegales en la Comarca de Doñana al más breve plazo, para lo cual deberá incrementar el número de agentes dedicados a esta labor y, preventivamente, garantizar su seguridad física en el ejercicio de sus funciones.
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Exigimos al Gobierno de España que impulse el desarrollo sostenible y responsable de la Comarca de Doñana y ratifique los acuerdos climáticos de París para defender el bienestar y calidad de vida de la ciudadanía. Para ello instamos al Gobierno de España a acometer un plan de restauración de los sistemas hídricos de Doñana, de sus ecosistemas degradados (forestales, marismas, río Guadiamar, estuario del Guadalquivir), incorporando la recuperación de las aguas superficiales tributarias de Doñana en la Planificación Hidrográfica del Guadalquivir, que obvia su gestión, y que asuma por tanto las numerosas alegaciones interpuestas en el plazo de información pública del tercer ciclo, respecto a las aguas superficiales de Doñana.
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Exigimos al Gobierno de España que analice y valore la calidad del agua superficial que pretende utilizarse para el riego de los cultivos del ámbito de actuación de la proposición de ley, en sustitución del agua subterránea del acuífero, antes de autorizar su uso, dado que parte de ella procede la denominada presa de Alcolea, ubicada en una comarca históricamente contaminada por la actividad minera y su utilización puede resultar perjudicial para la salud humana y de los ecosistemas de Doñana.
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Exigimos que las Administraciones Central y Andaluza promuevan las políticas adecuadas para desarrollar en la comarca una agricultura sostenible y de equidad social, que es consustancial a cualquier planteamiento de sostenibilidad; incluyendo las medidas de reconversión del sector y de fomento de otros sectores que sean necesarios, e incorporando los criterios de transición ecológica justa que el contexto de cambio climático exige. Y que se haga de forma que estos cambios inevitables no acaben perjudicando en mayor medida a los sectores más vulnerables de la población, en este territorio marcado ya por grandes desigualdades sociales, en el que no todas las personas tienen el mismo nivel de responsabilidad por los daños causados.
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Exigimos al Gobierno de España que, en el caso de que la Proposición de Ley para la mejora de la ordenación de las zonas agrícolas del Condado de Huelva prospere, adopte medidas urgentes y la recurra ante el Tribunal Constitucional así como ante la Justicia Europea, previniendo no sólo los daños ambientales irreversibles que generará en el espacio sino las multas millonarias que impondrá la Unión Europea al conjunto de la ciudadanía española.
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Nos comprometemos a informar a la ciudadanía y a las instituciones sobre los valores y riqueza de Doñana para que entre todos y todas garanticemos su conservación y nunca más se ponga en riesgo nuestro patrimonio natural.
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Nos comprometemos a dialogar y trabajar con todos los colectivos locales económicos, sociales y de cualquier índole de la Comarca de Doñana, para hacer de Doñana un ejemplo en el mundo que aúne riqueza natural, calidad de vida y desarrollo sostenible y justo.
Es hora, nuevamente, de Salvar Doñana.
